La decisión tomada por las autoridades de Houston en el estado de Texas ha generado mucha polémica entre los los cristianos estadounidenses. Los pastores tendrán que presentar con precisión sus sermones cuando se les investigue por “discurso homofóbico”.
La batalla legal entre la libertad de expresión y los derechos humanos sigue su ritmo. Las autoridades de Hosuton están investigando a cinco líderes cristianos y les ha solicitado copia de los sermones predicados en las iglesias, ante denuncias de que están atentar contra el “estilo de vida gay”. El mensaje del gobierno de Houston es claro: los pastores o sacerdotes que se manifiestan en el púlpito contra la comunidad LGBT responderán legalmente por discriminación.
El pasado mes de mayo, la ciudad emitió un decreto que permite a las personas transexuales denunciar si sienten discriminadas. Las autoridades quieren ofrecer una mayor protección a los ciudadanos que se sienten discriminados por su “orientación sexual” e “identidad de género”.
De esta manera el pasado mes de septiembre los pastores Hernan Castaño, Dave Welch, Magda Hermide, Khanh Huynh y Steve Riggle han sido citados ante denuncias formuladas por “discurso homofóbico“. Estos pastores se han unido y han interpuesto una demanda contra la ciudad de Houston por limitar su derecho a expresarse. Ademas una plataforma de 400 pastores en Houston están solicitando la suspensión de la ordenanza y han recogido más de 20 mil firmas pidiendo que las autoridades revisen el contenido de la misma.
Erik Stanley, un abogado vinculado a la Alianza en Defensa de la Libertad (ADL), organización jurídica que representa a los ministros investigados señaló en un comunicado que la ciudad de Houston “comenzó una cacería de brujas, y estamos pidiendo ante la corte que se ponga fin a la misma”.
El caso es que según el abogado de la ciudad, Dave Feldman, la forma como las iglesias han recogido firmas es invalida sustancialmente el alegato de libertad de expresión pues “al hacerlo dentro de la iglesia o desde el púlpito, el hecho se convierte en un discurso político y ello invalida la protección”.