En Honduras se debate una ley que otorgará a la Iglesia Evangélica la personería jurídica como institución religiosa o iglesia en apego a la Constitución de ese país, sus leyes y los tratados internacionales.
De esta manera, las personas que estuvieren ejerciendo cargos directivos, pastorales y ministeriales en la Iglesia Evangélica que aspiren a cargos de elección popular deberán renunciar a los mismos con un año de antelación a la práctica de los procesos electorales internos o primarios de los partidos políticos.
Lo anterior está contenido en el articulado de la Ley Marco de la Iglesia Cristiana Evangélica de Honduras, cuyo primer debate fue iniciado la semana anterior por el Congreso Nacional.
Actualmente, estas congregaciones son consideradas por el Estado de Honduras como organizaciones no gubernamentales.
Sobre los alcances de esta ley, el diputado proyectista, Rigoberto Chang Castillo, informó que la misma ha sido socializada con todos los sectores que han emitido su opinión favorable, incluso la Secretaría de Finanzas con respecto a la exoneración del pago de impuestos.
Chang Castillo manifestó que la Iglesia Cristiana Evangélica de Honduras inició su apostolado en el territorio nacional a partir del año 1850, en la costa norte del país, posteriormente la Misión Centroamericana estableció operaciones en la zona occidental y central del territorio, para finalizar su proyección a nivel nacional.
El congresista justificó que si bien es cierto nos encontramos ante un marco jurídico que determina a la República de Honduras como un estado laico, no es menos cierto que se debe garantizar y fomentar el ejercicio de los derechos individuales. Durante los 160 años de existencia de la Iglesia Cristiana Evangélica de Honduras, su contribución al desarrollo nacional ha sido cuantioso e invaluable; no solo en la predicación del evangelio, sino también en asuntos relativos a la salud, educación, cultura, desarrollo económico y -algo fundamental- la conservación del núcleo de la sociedad.
Cabe mencionar que a través de sus diligencias, cada año ingresan al país más de 3,000 brigadas médico-odontológicas con cobertura nacional y con una atención de más de 2.5 millones de pacientes.